Los jóvenes asesinos

El perfil de los criminales sigue siendo el mismo en Venezuela. Varón, entre 16 y 25 años de edad. De familia fracturada y con deserción escolar. En promedio, alguno de esos jóvenes habrá cometido a la lo largo de su vida una docena de delitos para consumar “su carrera”, más tarde, con un listado de homicidios. Es decir, que comenzaron su andanza delictiva en plena adolescencia, como los asesinos y cómplices que les quitaron la vida a Mónica Spear y su exnovio, por referir un caso.

El mayor argumento que explotaba el Gobierno del presidente Hugo Chávez era que la inseguridad en Venezuela se generaba por la desasistencia social a los sectores más vulnerables históricamente. En plena cúspide del chavismo bolivariano se comenzó a promover planes sociales que hoy en día consumen más de 30% del PIB nacional. El Gobierno hace alarde de esto a diario cada vez que puede, por lo que surge la pregunta de siempre, ¿por qué, si se invierte tanto en el pueblo y en los pobres, hay tanta criminalidad?

 El asunto no radica en otorgarle a las familias comida, colegio, todo gratis. Implica verdaderas políticas del Estado orientadas a la educación, a las familia, a un futuro mejor, pero lo más importante, a una justicia respetuosa, clara e independiente. Se trata, también, de tener una economía estable donde el dinero tenga un valor significativo y no se deprecie a diario y el trabajo sea un orgullo. Pero, por sobre todas la cosas, hace falta acabar con el discurso del odio que el gobierno exacerbó para alimentarse de las divisiones.

El asesino de Spear tiene 19 años de edad, sus cómplices 17, 29, y otros dos son aún mayores. Ellos se habrían beneficiado de las misiones sociales del Gobierno si lo hubiesen querido. Quizá, incluso, sí lo hicieron, pero el poder de las mafias es mucho más fuerte porque ofrecen “futuro”. Lo grave del asunto es que esos delincuentes habrán salido de una comisaría varias veces en su vida; haber estado encarcelado otras cuantas ocasiones, y el sistema judicial no les habrá hecho pagar. El problema es institucional.

Los criminales se sienten resteados, seguros y satisfechos porque el Estado, con su impunidad los hace intocables. Se negocia con líderes de las cárceles para no darles escarmiento y humanizarlos, dice el gobierno. Se aprueba una ley desarme y no se ejecuta. Un hombre que haya cometido diez homicidios y esté preso por ese delito, pocas veces entiende de humanidad. En una nación donde todo pierde sentido, nadie duda que los asesinos de Spear se conviertan en pranes y continúen delinquiendo tras las rejas.

 El manejo de la inseguridad es política del Estado, es decir, que la inseguridad pública es su culpa. Pero soy partidario de creer que ese problema es una estrategia del Alto Gobierno para distraer la agenda común de los ciudadanos, hacerlos débiles, vulnerables, acríticos y concentrados en un solo objetivo primario, sobrevivir. Hay que sobrevivir antes que nada. La inseguridad cambia estilos de vida, hábitos, costumbres, visiones de la vida.

Si un grueso de los asesinatos en Venezuela ocurre en los sectores más desposeídos, y el Gobierno defiende que estos son los que le apoyan, por qué no acabar con la inseguridad para que esa masa votante esté despreocupada, segura. Para ese sector la inseguridad no es un problema, las encuestas lo miden y demuestran. El problema para ellos es la economía, tener un trabajo, pero no algo como “la inseguridad” a lo que dicen, ya están acostumbrados. No comparto esas estadísticas.

El problema no es del capitalismo salvaje ni del libre mercado. Holanda, Dinamarca, Suecia o Japón son las economías más capitalistas del mundo y la tasa de criminalidad de todos esos países juntos no supera en un año los 24 mil homicidios que se registraron en Venezuela en 2013. El problema es político, es de competencia, de ejercer fuerza. El día que eso ocurra o se den cuenta de que la vida tiene valor, realmente habrá una patria libre.