A un año de la "amenaza" de Estados Unidos

Desde 2008 unos 80 funcionarios y familiares han sido sancionados por EEUU

Al Gobierno venezolano le urge una agenda que permita distraer a la opinión pública para ganar algo más de tiempo ante la aguda crisis social  y económica que atraviesa el país. Reeditar el impacto mediático que tuvo el “decreto de amenaza a la seguridad nacional de EEUU”, que el presidente estadounidense, Barack Obama, impuso a Venezuela hace exactamente un año, serviría para ese objetito superior, claro está, con nulo efecto.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó esta semana de “agresión” la renovación de ese decreto que afecta exclusivamente a un puñado de altos funcionarios del Gobierno acusados de violaciones a los derechos humanos y corrupción, y por el que se le congelan bienes en EEUU y revoca visado de ese país.

Hace un año, cuando Obama firmó el documento –un trámite meramente burocrático en la administración estadounidense--, el presidente Nicolás Maduro aprovechó para impulsar una agenda mediática que le dio algunos puntos de popularidad y algo de oxígeno.

El asunto ahora no generará el mismo impacto mediático y político, y que la canciller Rodríguez expresara que someterá a revisión las relaciones con Washington tampoco es algo nuevo en la agenda política nacional. 

Primero, porque los vínculos entre los dos gobiernos es mínimo y el Departamento de Estado así lo reconoce, y segundo, más importante aún, la degradación de la crisis venezolana ha llegado a un nivel donde el único responsable del problema es Maduro y no EEUU.

El presidente Nicolás Maduro impulsó su popularidad tras publicarse el decreto (Miraflores)

El decreto de Obama, en sí mismo, respondía a una agenda de procedimientos por el que EEUU puede tomar medidas contra Venezuela y su Gobierno. Específicamente, apuntaba a ampliar las facultades de la Casa Blanca para castigar a violadores de derechos humanos y corruptos, que tras las manifestaciones estudiantiles de 2014, con 43 muertos como saldo, utilizaron su poder e influencia para agredir a la sociedad civil y blindar el poder de Maduro.

Un año después de ese decreto, el resultado fueron las sanciones a  56 venezolanos, entre los que están siete altos cargos del Gobierno responsabilizados de violaciones a los derechos humanos en 2014; de 32 personas que se les aplicaron medidas, están 9 funcionarios de entes públicos vinculados a corrupción, además de 16 de sus familiares a quienes se les revocó la visa estadounidense.  

Más allá de afectar a la cúpula chavista en el poder, no existe ningún decreto directo contra el Estado venezolano por el que haya embargos o sanciones comerciales que afecte al pueblo venezolano. Maduro miente cuando asegura que existe un bloqueo y quiere comparar la situación con Cuba.

De 2008 hasta 2015 un total de 80 funcionarios y sus parientes han sido sancionados por EEUU, la mayoría por supuestos vínculos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y corrupción.  

Los mítines en las calles, las reuniones de emergencia de foros internacionales como Unasur, Celac o ALBA, lo que sirvieron fue para que Maduro pudiera proyectar su imagen de líder agredido por una potencia económica y militar. Impulsó por siete puntos su popularidad en el segundo trimestre de 2015, pero fue tan avasallante la crisis económica que vivía Venezuela que ya para agosto la “amenaza” se esfumó del subconsciente de los venezolanos, que tanto necesitaba Miraflores.

La administración de Obama estuvo al tanto de impacto que tendría la promulgación del decreto a beneficio “político” de Maduro, pero no publicarlo torpedeaba el juego entre el Congreso, controlado por la oposición del partido Republicano, y la Casa Blanca en su intento por responder a las demandas de sus adversarios e intercambiar aprobaciones. El efecto de dicho decreto respondió más a asuntos domésticos de la política estadounidense y su propia opinión pública donde el tema de Venezuela preocupa.

Desde que el mandatario llegó al poder, siete países fueron catalogados como amenaza a la seguridad nacional estadounidense: Rusia, Ucrania, Sudán del Sur, Somalia, Siria, Yemen y República Centroafricana, y en todos ellos Washington tiene vinculación directa por asuntos militares, en algunos casos por la guerra contra el terrorismo, y en otros por mero debate de influencia y poder global.

La canciller Rodríguez dijo que llevará a revisión las relaciones con EEUU

La Casa Blanca no iba a derogar el decreto este año. Desde 2006 ninguna medida directa contra el gobierno chavista ha sido revocada. El bloqueo a compra de bienes militares, el congelamiento de activos de corruptos, las sanciones por narcotráfico siguen vigentes y conforme se deteriora la situación en el país y los poderes públicos controlados por el Gobierno son incapaces de solucionar la crisis, EEUU no descarta aplicar nuevas sanciones en el momento menos indicado.

No hubo invasión militar. No llegaron los cuerpos de marines. La CIA no destruyó los canales de comunicación. Los marines no pisaron las playas de Vargas o Sucre. Mucho menos se sintieron sanciones económicas internacionales que golpearan el bolsillo del pueblo venezolano. A un año del sonado decreto de “amenaza a la seguridad nacional de EEUU” contra Venezuela, el país luce tan destruido como las profecías del chavismo advirtieron, pero los responsables son otros.