Leopoldo López, en casa

El descontento generalizado de los venezolanos por la aguda crisis que atraviesa el país es la mayor fortaleza de la oposición en este momento para exigir respeto y cambio 

La liberación, o en realidad “casa por cárcel” para Leopoldo López tomó por sorpresa a la propia oposición, que ahora entra en una encrucijada a pocos días del plebiscito que convocó para rechazar la Constituyente, y el propio proceso electoral del Gobierno para impulsar la modificación de la Carta Magna.

Hasta la saciedad, el presidente Nicolás Maduro, ha llamado a los dirigentes opositores a negociar durante estos últimos cien días de protestas, que ha dejado 70 muertos a cuestas. Pero el problema no radica en el diálogo como principio, sino lo que se quiere negociar.

El objetivo del chavismo en el poder, en este momento, es nada menos que ganar tiempo en su afán por transformar o refundar el Estado definitivamente hacia un modelo socialista, lo que en el fondo es rechazado por la gran mayoría de los venezolanos.

Ni Maduro está dispuesto a apartarse de la órbita socialista, traducida hoy en represión, persecución política, censura, y una grave crisis económica, ni la oposición puede dejar de exigir su reconocimiento como nueva mayoría que rechaza el modelo dictatorial germinando. Y lo clave: exigir elecciones.

En Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina, la dirigencia opositora, y dígase el país, no está negociando puestos en ministerios, cargos en embajadas o cuotas de poder. Es la República.

El chavismo busca, aún más, la concentración absoluta de poder en el Ejecutivo sin independencia de instituciones gravitando en el socialismo al estilo de Cuba. Es  un cambio radical del país como se le conoce hasta ahora, y que hoy se ve reflejado en un ilegítimo llamado a una Constituyente.

Con López en casa por cárcel, dividir y vencer parece la estrategia de fondo de Maduro, conforme la calle sigue ardiendo y su gobierno, al interior, se ve afectado por las fuertes manifestaciones, la represión policial y militar, que ha causado conmoción dentro y fuera del país.

Maduro necesita calmar la calle; lograr que la lucha de poderes que él mismo propició permita que el Tribunal Supremo sea reconocido como “equilibrado” en una fachada de supuesta división de poderes. Más en estos momentos que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, le ha dado la espalda al Gobierno y guarda grandes secretos sobre corrupción o narcotráfico.

Negociar la transición en este momento es una interpretación demasiado triunfalista. La liberación de Leopoldo López, sin duda, fue resultado de la presión popular que activó, al mismo tiempo, a la comunidad internacional pasmada por la escalada del conflicto.

Faltan casi 400 presos políticos que el chavismo utiliza como piezas para negociar y presionar, una muestra excepcional de un espíritu tiránico. La liberación de estas personas es otra exigencia inquebrantable.

El ataque armado al Parlamento por parte de oficialistas, el 5 de julio pasado, demuestra que el llamado a la violencia y las armas que invoca Maduro es real y consistente con su amenaza de que “sea por la fuerza” el chavismo se mantendrá en el poder.  

El descontento generalizado de los venezolanos por la aguda crisis que atraviesa el país es la mayor fortaleza de la oposición en este momento para exigir “respeto” y cambio.  

Dejar la calle sería un golpe muy duro para las familias de la mayoría de jóvenes muertos en las protestas, además para un país que comienza a entender que la fuerza luce como la única pluma para  firmar la negociación con el chavismo.

Pero lo que al gobierno le interesa en este momento es mantener al estamento militar en calma, el cual se ha visto sacudido por las protestas de los últimos 100 días con deserciones, arrestos y posibles sublevaciones. Ese mensaje de tranquilidad y vuelta al orden puede “retrasar” la salida abrupta a la que ellos mismos temen y saben que viene.