El reflejo de Venezuela en la Constitución cubana

El espurio triunfo de una Asamblea Nacional Constituyente, promovido por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, se convierte desde ahora en una reedición de lo que el chavismo impulsó en 2007: un fallido intento de reformar la Carta Magna con el objetivo, nada menos, que de convertirla en la Biblia de un Estado socialista con todas sus raíces explayadas.

A expensas de esto, Maduro y el chavismo ultraortodoxo defendieron lo democrático del proceso, en virtud de que el modelo socialista o comunista que impulsan es el “anhelo supremo del pueblo” y la Constitución debe formalizarlo.

Desde 1811 hasta 1999, Venezuela ha tenido 26 constituciones, una muestra de lo convulsa que ha sido la historia republicana del país. De erigirse una nueva Carta Magna bajo la funda del socialismo, la vigésima séptima ley fundamental amenaza con ser la más restrictiva y menos libertaria desde hace 200 años. 

No existe nada más democrático y dictatorial al mismo tiempo que la propia Constitución cubana, de 1976 que la convierte en un documento más de deberes que de derechos para sus ciudadanos.

Ese es el texto por el que Fidel y Raúl Castro formalizaron el sistema que hasta ahora rige la isla, y que es, sin ambages, la visión que Maduro busca adaptar para Venezuela.

Cuba, reza su Carta Magna, es “un Estado socialista de trabajadores” como también una “república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo”.

 Conforme a esa realidad, todo lo opuesto al principio del “Estado socialista” es visto como contrario al ideal nacional y por ello justifica la represión, la lucha armada y cualquier forma de violencia para mantener el fundamente de la nación.

El texto consagra, incluso, la libertad de expresión como principio elemental de cualquier sociedad, pero si este es contrario al sistema, por ende, no existe.

De esta manera, la llamada prensa independiente en Cuba, que dista de copiar la propaganda oficial y es promovida por la sociedad civil opuesta al régimen, es considerada ilegal y en contra del Estado, quedando pisoteado aquel principio de “libertad de expresión” que estipula el texto fundamental.

La amenaza

El mayor peligro para la estabilidad de la “República Bolivariana de Venezuela”, nacida como tal en 1999, era que Chávez en su proyecto de reforma constitucional, quería conferir a la nación el calificativo “socialista” y de allí partiría todo el engranaje jurídico que daría sustento a sus objetivos de edificar una nueva sociedad bajo estos principios.

Si bien la libertad política se consagra en Cuba, según su Carta Fundamental, es el Partido Comunista cubano el encargado de impulsar la construcción del modelo y Estado socialista, y el único autorizado a existir como agrupación política, quedando execrada cualquier forma de oposición partidista.

El proyecto de reforma constitución de Chávez, buscó modificar medio centenar de artículos que iban desde la forma de organización geográfica del Estado a las atribuciones del Presidente, por lo que este nuevo intento de Maduro no sería más que la adaptación de aquel documento.

Así, ilustrado el concepto de una Fuerza Armada “antiimperialista”, como anheló Chávez, la Constitución cubana, en su artículo XII, “hace suyo los principios antiimperialista e internacionalista” consagrando el apoyo “fraternal” a cualquier nación que edifique el socialismo como modelo, por lo que es para Cuba en estos momentos una obligación respaldar, más que nunca, a Maduro en su meta.

El asco a la propiedad

Chávez propuso en 2007 ocho formas de propiedad para Venezuela, agregando los conceptos de una “propiedad social directa, indirecta, mixta, colectiva”, en detrimento de la propiedad privada, como se estableció desde 1961, con la primera Carta Magna democrática que tuvo el país, y que se reafirmó también en 1999, con la última constituyente.

Para los cubanos en su Constitución (artículos 14 y 15) “rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista” con el  Estado como mayor interventor y poseedor de los bienes, a medida que también está reconocido “el principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo". 

 Los poderes

Inspirado en lo que Fidel Castro definió como “el poder popular” para el  fundamento de una sociedad participativa descrito en el capítulo XII de la Carta Magna cubana, Chávez también buscó en 2007 dar rango constitucional a unos nuevos “medios de participación y protagonismo del pueblo” en su proyecto.

Esto se traducía en los “Consejos del Poder Popular (consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros), en detrimento de cualquier otra forma de participación y protagonismo del pueblo, sin dejar de lado que el Estado, como Cuba, otorgaba todos los medios y herramientas para que los Consejos contaran con el mayor poder posible en la toma de decisiones y manejo de presupuestos.

 “Los Consejos Populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; están investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representan a la demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del Poder Popular municipal, provincial y nacional”, contempla la Constitución cubana en el artículo 104.

En la reforma del artículo 136 del máximo texto, referido a los poderes públicos venezolanos, el chavismo pedía que el “Poder Popular se exprese constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos”, revistiéndolo de la mayor cantidad de facultades que hasta entonces corresponden a alcaldías y gobernaciones.

El objetivo original era, nada menos, que sepultar las formas de gobierno local, estadal, y cualquier forma de organización independiente, a medida que el Poder Popular quedaba supeditado a las directrices del Gobierno-Estado por su dependencia ideológica, económica y política.

 Más que una constituyente para el nacimiento de la sexta República de Venezuela, a Maduro le urge erigir un texto definitivo que convierta el socialismo en un modelo perpetuo, y que todo lo que a éste se oponga en su concepto puro, será legítimamente ilegal.

Es decir, que más allá de que la libertad de expresión, religión o política se mencionen en una hipotética “Constitución Bolivariana Socialista” la antítesis a este último principio es punible y él, dígase Maduro en estos momentos, tendrá toda facultad para aplastar las formas de disidencia existentes.

“El totalitarismo, explicaba el escritor George Orwell, en un ensayo, ha abolido la libertad de pensamiento hasta unos límites inauditos en cualquier época anterior… y en la medida de lo posible nos aísla del mundo exterior, nos encierra en un universo artificial en el que carecemos de criterios con los que comparar”.

La constituyente es el entierro de Venezuela como nación libre, definitivamente.