Sanciones a funcionarios venezolanos en la mira de Estados Unidos

Fachada de la Casa Blanca (AP)
Un grupo de congresistas de Estados Unidos ha sugerido al presidente Barack Obama que aplique sanciones sobre el Gobierno de Nicolás Maduro por la cadena de represión y violaciones a los derechos humanos desatada durante y después de los sucesos del 12 de febrero de este año en todo el país. La iniciativa es un juego delicado para las relaciones entre ambos países, pero por primera vez no luce descabellada si realmente se cruzó “la delgada línea roja”.

Que la Casa Blanca aplique un paquete de sanciones contra el Estado venezolano traería repercusiones sobre el mercado energético mundial por el importante papel que juega Venezuela, quinto mayor proveedor de petróleo del planeta. Al mismo tiempo, lograr que el Congreso de ese país llegue a un acuerdo sobre este tema es un tanto difícil, tomando en cuenta las dificultades para alcanzar un consenso debido a la composición actual del legislativo.

Pero una cosa es el “Estado venezolano” y sus instituciones, y otra cosa los funcionarios de ese Estado y Gobierno cuya actuación ha quedado en entredicho en las últimas dos semanas. 

Obama puede dictar un medida ejecutiva que bloquee las visas, la compra de propiedades y las transacciones financieras a aquellos funcionarios, militares o civiles, que han estado involucrados directa o indirectamente en delitos de represión y violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el 12F. Esto también podría afectar a sus familiares donde las sanciones también les afectaría. 

La imposición de las llamadas “sanciones inteligentes” es un mecanismo de la política exterior de EEUU cuando se enfrenta a actos de violencia. Con los años, las autoridades han perfeccionado un sistema para la identificación de individuos considerados responsables de represión, por lo general, la imposición de una prohibición de viajar a ese país, a menudo congelar cuentas bancarias, prohibirle a los estadounidenses que establezcan negocios con los castigados, son la estrategia clásica.

El presidente Nicolás Maduro busca excusar parte de sus fracasos políticos en el discurso antiEEUU (Miraflores)
Estados Unidos tiene una poderosa maquinaria de sanciones que puede aplicar a través de sus diversos departamentos y agencias que monitorean información que utilizarían para identificar a esos funcionarios y si tienen intereses en esa nación.

Desde el Ministro del Interior, Defensa, diputados, jefes de policía, de los servicios de inteligencia, hasta los ejecutores directos de la violencia, así como las entidades que representan, pueden quedar penadas por Washington, refiriéndose al caso de los últimos acontecimiento en Venezuela.

El presidente Obama dispone de poder ejecutivo para aplicar sanciones clave (AP)
El gobierno americano así como la Unión Europea (UE) tienen medidas similares aplicadas por las mismas razones a un centenar de personalidades vinculadas al régimen represivo de Robert Mugabe, en Zimbabue, así como a funcionarios de la dictadura de Myanmar y Corea del Norte que manejan el aparato represivo de estas dictaduras.

Conforme la situación en Ucrania tomó un rumbo violento, el Departamento de Estado impuso la semana pasada una prohibición de visado a 20 altos funcionarios ucranianos, a los que acusa de jugar un papel en la represión del gobierno del ahora expresidente Viktor Yanukovich. 

El secretario de Estado de EEUU John Kerry (AP)
EEUU se negó a revelar quiénes eran los funcionarios que están en la lista negra, pero una fuente del Departamento de Estado dijo al diario The New York Times que “la lista incluye hoy toda la cadena de mando responsable de ordenar la violencia en los últimos días”.

El poder de los poderosos 
En el caso del Congreso el asunto también puede avanzar. El 21 de febrero los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, dijeron que promoverán en ambas cámaras, sanciones a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante las últimas manifestaciones. Ambos políticos, de origen cubano, podrían aprovechar el trago amargo de Washington tras la expulsión de tres de sus diplomáticos por parte de Venezuela, para animar a otros legisladores a sumarse a la iniciativa.



El Congreso puede crear una ley especial para el caso venezolano, como ocurrió con la llamada "Ley de Magnitsky", un proyecto bipartidista que fue aprobado por ese poder en diciembre de 2012, el cual sanciona única y exclusivamente a los responsables del asesinato del abogado Sergei Magnitsky que murió en una prisión de Moscú después de investigar un fraude relacionado con funcionarios fiscales rusos. La medida prohíbe sus entradas a Estados Unidos y el uso de su sistema bancario.
Fachada del edificio del Capitolio, Washington (AP)
No obstante, EEUU también podría impulsar sanciones para evitar la venta de tecnología de doble uso que Venezuela estaría utilizando para bloquear acceso a las redes sociales como Twitter, Facebook, e incluso de interceptación de comunicaciones, lo cual sería un mensaje fuerte hacia Caracas.

Pero todo debe ser analizado con cautela, porque cada acción podría alimentar el discurso agorero de Maduro de que el “imperio quiere arrodillar al chavismo”, lo que nuclearía a sus seguidores e incluso a quienes no lo toleran del todo. Avivaría sin dura una cortina nacionalista. Las sanciones personales a funcionarios es una estrategia acertada si lo que se quiere es condenar los actos de violencia reciente.

Pero surge una pregunta. ¿Qué tan impactantes serán para el gobierno de Maduro estas medidas sobre su círculo de poder? El ejemplo es evidente cuando una decena de exfuncionarios del fallecido presidente Hugo Chávez, acusados por EEUU de tener nexos con el narcotráfico, hoy son gobernadores, alcaldes o ministros.    

El bloque de cuentas bancarias en EEUUen una medida usual de sanciones
@Franchuterias


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