Los paramilitares cambian de oficio en Colombia

El presidente Juan Manuel Santos junto al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera y la cúpula militar (AFP)

La desmovilización de paramilitares y guerrilleros fue un signo de avance en el proceso de pacificación de Colombia, pero ahora muchos de esos 35 mil insurgentes se han reorganizado y controlan negocios como el de la droga, lo que disparó los índices de violencia y criminalidad en ese país.

La Política de Seguridad Democrática (PSD) del ex presidente Álvaro Uribe, redujo el poder de las guerrillas de las FARC y el ELN, al grado de que hoy 23.000 rebeldes de esos grupos están desmovilizados, y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 32 mil hombres, dejaron las armas tras negociaciones en 2005.

De esos miles de hombres que entraron a procesos de reinserción social, sus “disidentes” se han dedicado en el último lustro a formar nuevas bandas paramilitares, pero ya no dedicadas a masacrar familias o campesinos con apoyo político, sino al tráfico de drogas, extorsión y pandillaje urbano.

Las autoridades las llaman Bacrim (Bandas Criminales Emergentes). Son cerca de diez y operan con unos 3.700 hombres armados que ahora están en al menos 18 de los 32 departamentos del país, reveló la Policía Nacional en un informe.

“Cuando se generó las desmovilizaciones, muchos de los bandos medios dejaron las armas pero no el negocio de la droga, por lo que se comenzaron a asociar incluso con la guerrilla”, explica Alonso Tobón García, investigador del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac).

Así, 12% de esas nuevas bandas están integradas por desmovilizados, explicó en enero el inspector general de la policía, general José Roberto León.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, hablaba de un “cambio de la economía criminal en Colombia”, lo que podría explicar el repunte de la delincuencia, por ejemplo, en ciudades como Medellín, donde hasta agosto 1.500 personas habían muerto por la guerra de pandillas que se disputan territorios y puntos de venta de droga.

“El posconflicto paramilitar es una mezcla de grupos que subsisten, volvieron a ser parte del conflicto y se transformaron en el ejercicio de la violencia”, advierte un extenso informe del Cerac, titulado “Guerra y violencias en Colombia”.

Frente a este nuevo escenario de guerra, que se suma a las batallas contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos puso en marcha una “Política de Seguridad Ciudadana” que enlazada con la PSD, tendrá un enfoque social y supondrá el incremento de policías en las grandes ciudades colombianas.

Pero si hay una preocupación en estos momentos, es por el incremento del tráfico de drogas a pequeña escala, y un aumento del consumo interno, sobre todo entre niños y jóvenes, un hecho que hasta hace 10 años era menos alarmante porque el grueso de la cocaína producida se exportaba al mundo.

“El gran error de las desmovilizaciones es que lo grandes jefes paramilitares no entregaron a sus bandos medios, y el Gobierno lo sabía, por lo que esta nueva realidad era previsible, aunque se recrudeció hace un año” sostiene el historiador y analista cultura colombiano, Fabio López de la Roche.

 Estas nuevas estructuras de narcoparamilitarismo, como la definen los especialistas, se ar man en medio de profundas desigualdades sociales en el país, por lo que el rumbo de su erradicación sigue también dependiendo de reformas sociales y nuevo planes de reinserción nin abandonar la fuerza.

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