El primer error de América Latina en 2013


Varios jefes de estados latinoamericanos durante la cumbre de la Unasur (archivo)

Los actuales regentes del poder latinoamericano llegaron a sus palacios de gobierno exacerbando los discursos de inclusión, justicia social y política, con la promesa de no aupar, por segunda vez en nuestra nueva historia regional, el autoritarismo en cualquiera de sus informes, civil o militar, si bien lo que acaba de ocurrir en Venezuela deja un sabor amargo y un precedente riesgoso.

No es exagerado asumir que Venezuela atraviesa la crisis institucional más contundente desde la caída de la dictadura en 1958. Solventada la sucesión del dictador en esa época; elecciones consecutivas con alternancia de líderes desde 1959 hasta 2012, hoy formalmente el país no tiene un Jefe de Estado real, porque la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este nueve de enero es, tácitamente, una flagrante violación al estado de derecho, dígase, a la Constitución.
 

En teoría el TSJ dijo: es el Presidente el que debe decretar su ausencia temporal o absoluta, llevándose al escusado el artículo 231 de la Constitución de 1999. ¿Si hoy el presidente Hugo Chávez, aquejado de un cáncer quién sabe dónde, entrara en estado de coma, cómo éste decretaría o solicitaría su ausencia absoluta o permanente, con una Güija? Esa es la pregunta que deja el máximo tribunal como una burla legal.

El TSJ, además, rechazó que sea necesario que se le exija al Jefe de Estado un informe médico avalado por una junta médica, tal como dicta la Constitución, para justificar que realmente avanza o se estanca su estado de salud. ¿No puede alegarse que sea una excusa para tomar vacaciones con dinero del Estado? Técnicamente sí.

La sentencia del máximo tribunal, además de representar la más fehaciente muestra desde sus argumentaciones, de que está sometida ideológicamente a modelo socialista de Chávez –desde 2003 no ha dictado una sentencia en contra del Gobierno--, deja al país en fuego cruzado porque jurídicamente las funciones y facultades del Vicepresidente son distintas a las del Jefe de Estado, desde nombrar a los ministros hasta decretar estados de excepción o calamidad.

En todo caso, lo peor, viene a continuación, y es la respuesta que dieron las “Américas Latinas”. Los asistentes a la burlesca toma de posesión del 10 de enero avalaron un acto que la historia registrará, ¿cómo? Está por verse.

El 2012 Paraguay fue sancionada y expulsada por un año del Mercosur porque, siguiendo principios de su Constitución, el Congreso decidió la salida del presidente Fernando Lugo. La Comunidad Internacional (dígase Suramérica, al menos) ni siquiera respeto la sentencia de la Corte Suprema paraguaya que consideró legal los argumentos para retirar a Lugo del cargo, y se dio a la tarea de confirmar la tesis de “golpe de Estado”. ¿Quién dice entonces que la sentencia dada por el TSJ venezolano no puede ser un golpe de Estado a la Constitución, avalando a los golpistas?

Las “Américas Latinas”, como la define el académico argentino Pierpaolo Barbieri, se han mostrado silentes sabiendo que en Venezuela se violó la Constitución. Todo esto en nombre de una apócrifa armonía mercantilista, como la que los actuales líderes de la región le criticaban a Estados Unidos hasta hace veinte y treinta años por, en nombre del anticomunismo, respaldar y aupar las más cruentas dictaduras de la región.

Colombia, Brasil, Perú, Argentina, por dar nombres, son testigos ahora de un lento desmoronamiento de la sociedad venezolana, con más de 21.000 homicidios en 2012; un Estado todopoderoso, un sistema de justicia parcializado, la polarización enquistada por una fingida “autodeterminación de los pueblos” que ha edificado un Petroestado pretoriano de corte militar y autoritario.


El intercambio comercial del Mercosur con el resto del mundo el año pasado fue de 782.410 millones de dólares, ya incluida Venezuela en esas cuentas. Con el ingreso de Venezuela, ese bloque pasó a tener el 19,6% de las reservas probadas de petróleo del mundo.

Lo clave es que sus socios, con Brasil como el más interesado, tiene como cliente a un mercado venezolano atrofiado internamente por un Estado que se ha dedicado a importar el 80% de los alimentos que consume, y con un socio de ese talante el Gobierno de Chávez es “idóneo”. En teoría, el silencio sobre lo que acaba de ocurrir les costó a los venezolanos unos 16 millardos de dólares con sus socios regionales, el precio de la libertad para muchos.

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