EEUU y los funcionarios corruptos de Venezuela

Fachada del Departamento de Estado
Venezuela podría optar por aplicar sanciones a funcionarios de EEUU, tal como hizo Rusia en reciprocidad a las medidas tomadas por la crisis de Ucrania u otros temas, pero sin duda el efecto sería solo simbólico


Estados Unidos acaba de sancionar a funcionarios del Gobierno de Venezuela que ha detectado, según sus cuerpos de inteligencia, cometieron actos de corrupción en la administración pública venezolana. En simples palabras, robaron dinero para enriquecerse, y osadamente engordaron sus billeteras a merced de los cargos que ostentan y las conexiones políticas que establecieron. El agravante es que viajaban a Miami o Nueva York a derrochar fortuna bajo la funda de ser “socialistas”.

El Gobierno estadounidense tiene la autoridad de decidir quién entra o no a su territorio. Quién puede o no poseer una cuenta de ahorros en algún banco de su sistema financiero. Es una decisión soberana de corte unilateral. En su legislación, el prohibir alguna alguno de estos beneficios se le denomina “sanción”. Por ende, no tienen impacto en Venezuela pero sí una carga moral.

El Departamento de Estado tiene información fiable sobre quién es cada una de las personas que visita su país, dónde reside en su nación de origen, cuántos son sus ingresos, quiénes son sus familiares. Y si desea ahondar más, puede investigar cuánto gastó, cuánto dinero movilizó en bancos, qué tipo de bienes posee. ¿Por qué lo sabe? Porque solo ciudadanos de 37 países no requieren visa para ingresar a suelo estadounidense (Visa Waiver Program – VWP, en inglés), de resto, incluyendo los venezolanos, deben solicitar una visa cuyos requisitos implica conocer detalles personales como estados de cuentas, constancia de trabajo, registro de bienes.

 El presidente Nicolás Maduro, ha expresado malestar por este tipo de atribuciones de Washington hacia sus funcionarios, al menos por los acusados de corrupción. Todo lo contrario, debería enviar una solicitud de información y pedirle al Gobierno de Estados Unidos que le suministre los datos de quiénes son esos presuntos corruptos para llevarlos ante la justicia y que devuelvan lo que han robado. Pero no, todo lo contrario, apunta a exacerbar su nacionalismo chavista.

Una tienda de la cadena de joyas Tiffanny
En tal sentido, le pide el presidente Maduro al Tribunal Supremo de Justicia, que cree un dictamen contra Estados Unidos por sus sanciones contra el Gobierno abriendo un debate legal que, sin embargo, sería interesante. Pero en este caso, si de crear leyes en defensa del chavismo se trata, Miraflores podría terminar optando como la “estrategia rusa” de sancionar a funcionarios de Estados Unidos que considere ponen en riesgo la seguridad nacional de Venezuela. El principio de reciprocidad. Lo hizo Moscú recientemente tras las sanciones a empresarios y políticos del Kremlin tras los sucesos en Ucrania. La cuestión es si tendría efecto, ya que es dudoso de que políticos estadounidenses tengas cuentas en bolívares. 

El gobierno americano así como la Unión Europea (UE) tienen medidas similares aplicadas por las mismas razones a un centenar de personalidades vinculadas al régimen represivo de Robert Mugabe, en Zimbabue; a funcionarios de la dictadura de Myanmar o Corea del Norte que manejan el aparato represivo de estas dictaduras.

Mugabe y su esposa Grace
El caso de Zimbabue es interesante, pues si bien con Venezuela EEUU rechazó revelar quiénes son los funcionarios corruptos que no pueden ingresar a ese país, con el régimen de Mugabe ocurre todo lo contrario, dice públicamente quiénes son, con nombre y apellido, lo mismo que con los empresarios vinculados al Gobierno de Vladimir Putin en Rusia.

Washington sabe desde hace tempo quiénes son los funcionarios corruptos de Venezuela. Sabe que sus familiares tienen una vida de ricos en Miami, Orlando, Nueva York o Boston, estudiando en escuelas prestigiosas, viajando en carros de lujo o comprando muebles por catálogos en una tienda por departamento en Los Ángeles para decorar el apartamento de Valle Arriba o Campo Alegre en Caracas.

Hasta 2013 Venezuela obtuvo 20 puntos sobre 100, ocupando el lugar 160 del ranking, del Índice de Precepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional,  que denota que continúa siendo percibida como una nación con grandes riesgos de corrupción en el sector público. Comparando el resto de los países de América Latina, Venezuela es el penúltimo con mayor percepción de corrupción, solo por encima de Haití con 19 puntos.

Lo importante a partir de ahora es que el dinero retenido o embargado a los funcionarios públicos corruptos pueda algún día retornar al país y ser utilizados para resarcir los daños que esto produjo a la economía nacional. Cuando cayó la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali en Túnez, en 2011, las autoridades de la transición calcularon una fortuna robada de 15.000 millones de dólares depositados en bancos occidentales, sobre todo de Suiza, pero la devolución no siempre ha sido fácil.

El programa Stolen Asset Recovery Initiative (Star), impulsado por Naciones Unidas y el Banco Mundial calcula que el dinero robado anualmente en los países en vías de desarrollo, mediante sobornos, apropiación indebida o cualquier otra forma de corrupción, oscila entre los 20 y los 40 mil millones de dólares, cifra que comparativamente representaría casi 30% de las ayudas destinadas al Tercer mundo, según un reporte de Aceprensa. La pregunta es ¿cuánto se habrá ido de Venezuela? Se dice que solo en 2012 fueron 20.000 millones. 

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