Los casos de Libia y Siria ilustran los resultados si se congelan bienes al Estado venezolano

La Asamblea Nacional venezolana ha solicitado a medio centenar de países congelar los activos del Estado venezolano en el exterior para evitar que sean malversados por el gobierno de Nicolás Maduro en su estrategia de perpetuarse en el poder. Pero el asunto además de audaz, es complejo.

Para ejecutar una medida de esta magnitud, que dejaría al Estado sin acceso a divisas en cuestión de horas, alargando las penurias del pueblo venezolano, una eventual transición tendría que estar perfectamente orquestada para no prolongar la agonía. Sin una respuesta al traspaso del poder, el embargo podría terminar beneficiando a Maduro.

No es la primera vez que la comunidad internacional se enfrenta a un escenario como el que plantea Venezuela. En 2011 tras el inicio de la Primavera Árabe Libia, Túnez y Siria afrontaron medidas económicas restrictivas por parte de Europa y EEUU, alguna de las cuales aún imperan.

En el caso venezolano el principal “protagonista” de estas sanciones in extremo sería el mercado financiero de Estados Unidos y como consecuencia en el europeo.

El 80% de las transacciones internacionales de Venezuela circulan por el torrente de la economía estadounidense, que a través de sus bancos privados y subsidiarios moviliza el efectivo de las ganancias por venta de petróleo, el principal producto de exportación venezolano.

En febrero de 2011, en los albores de la guerra de Libia, que llevaron al derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dictó un conjunto de sanciones que se asemejan a la petición que el 15 de enero pasado realizó la Asamblea Nacional para proteger los activos venezolanos de la manos de Maduro.

Tomando en cuenta que Gadafi, su gobierno y sus colaboradores cercanos habían tomado medidas extremas, incluso mediante el uso de armas de guerra, mercenarios y violencia, Obama dictó una orden ejecutiva el 25 de febrero de ese año por la que congelaba “todas las propiedades e intereses en propiedades que estaban en Estados Unidos y pertenecían al Estado libio”.

En este caso las agencias, instrumentos financieros y entidades controladas por el Banco Central de Libia, quedaron bloqueadas y no podían ser transferidas, pagadas, exportadas, retiradas o tratadas por ningún alto funcionario del régimen con potestad de hacerlo. Diez meses después, derrocado el régimen tras 27 años gobernando, el Departamento del Tesoro levantó parte de las sanciones.

En virtud de la Ley de Poderes Económicos y la Ley Nacional de Emergencias de Estados Unidos, que sustentan las sanciones que ya se aplican a Venezuela, el presidente Donald Trump podría ordenar al Departamento del Tesoro un bloqueo total o preventivo, pero en una coyuntura en la que se busca ganar el respaldo de los militares para que abandonen a Maduro, aún es necesario ganar algo más de tiempo.

De todas formas, entre 2011 y 2012 el presidente Hugo Chávez repatrió unas 373 toneladas de oro que Venezuela tenía depositado en bancos extranjeros, entre ellos EEUU, Francia, Reino Unido y Canadá, valoradas en 11.000 millones de dólares, para evitar que se repitiera la “formula Siria y Libia” de embargar las reservas frente a cualquier coyuntura política.

El presidente estadounidense, Donald Trump (Pixabay)

La agencia Reuters recordó que las propuestas que ya han sonado y que más afectarían a la industria petrolera implican prohibir la exportación de productos refinados desde Estados Unidos a Venezuela o limitar las importaciones de petróleo, una medida que hasta ahora la Casa Blanca no ha tomado incluso tras sancionar a individuos y prohibir el acceso a la banca estadounidense.

“Las opciones sobre la mesa incluyen desde una prohibición a la venta de diluyentes estadounidenses a Venezuela, que se usan para crear mezclas de crudo exportables, hasta el reconocimiento de un gobierno alternativo al de Maduro, lo que permitiría que la comunidad internacional congele activos e ingresos de Venezuela, destacaba la agencia de servicio financieros Barclays Capital.

Lo que puede pasar
Estados Unidos y una decena de países de América Latina, incluyendo a los mayores socios comerciales de Venezuela (Colombia, Brasil, Argentina) reconocen a la Asamblea Nacional como única autoridad legítima del país, la asunción de Juan Guidó, presidente del Parlamento, como Jefe de Estado interino, sería el paso decisivo rumbo al desconocimiento total de Maduro.

En este caso, como ocurrió en julio de 2011 con Libia, cuando Obama anunció que, hasta que una autoridad interina estuviera posicionada, Washington reconocía al opositor Consejo Nacional de Transición de Libia como la autoridad de gobierno legítimo para ese país, y en consecuencia liberó fondos congelados para que este grupo emprendiera el cambio de régimen. Lo mismo hizo la Unión Europea.

La historia de los regímenes autoritarios suelen tener el mismo final, y el caso venezolano lo ilustra a la perfección. Pero América Latina, luego del colapso de las dictaduras que una vez apoyó EEUU, no se había enfrentado a un estilo sui géneris de autocracia como la chavista, más allá del castrismo en Cuba.

Bajo un nuevo orden internacional, con reglas y mecanismos avanzados contra las autocracias, la región puede poner a prueba su capacidad de acción y respuesta para enfrentar desafíos antidemocráticos. Prohibir el ingreso de los cleptócratas, congelar activos o desconocer decisiones es mucho más sencillo que lamentar muertes y acumular mea culpas en el futuro.